Las diputadas de Libres del Sur Victoria Donda y Cecilia Merchán presentaron luego de un año de elaboración un proyecto de ley (7.258) que realiza algunas modificaciones a la ley 23.737 de estupefacientes actualmente vigente, con la iniciativa de que esta reforma despenalice el consumo y la tenencia simple, partiendo de la concepción de que “despenalizar el consumo es combatir el narcotráfico”.
¿Lucha contra el narcotráfico?
El segundo negocio más rentable en todo el mundo en el cual están metidos jueces, policías y políticos patronales, el narcotráfico, es hoy la principal excusa que utilizan las potencias imperialistas, principalmente EEUU, para lograr, “en su lucha contra el narcotráfico”, avanzar en su intromisión en los países semicoloniales en general y en América Latina en particular. Concretamente ha avanzado en la instalación de bases militares imperialistas a lo largo y ancho del planeta, avanzado en un amplio dispositivo que va desde el control de las fronteras, el espionaje, la relación estrecha con las Fuerzas de Seguridad de cada país, la DEA , y más…
En América Latina y el Caribe hay bases militares en Perú, El Salvador, Costa Rica (donde fue llevado Zelaya por el imperialismo tras el golpe en Honduras), Paraguay y, del Caribe, en Cuba, Puerto Rico y Aruba, además de Colombia.
Desde 1952 Colombia tiene acuerdos bilaterales con EE. UU para “combatir el narcotráfico”. Además el Plan Colombia fue iniciado en 1999 para un supuesto combate al “narcotráfico” asociado al “terrorismo”. Hubo hasta un informe en 2008 de la Oficina de Contraloría Gubernamental de los Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) que refería que dicho plan no había dado los resultados previstos que se plantearon en un inicio. Pera sólo hemos visto una incesante continuidad de instalaciones de bases militares, estas si exitosas.
Recientemente ha impuesto nuevas bases en Colombia con el argumento de la lucha “contra con el narcotráfico y el terrorismo” para recuperarse del retroceso de perder la base de Manta en Ecuador y próximo a terminarse el arrendamiento sobre las bases de Curaçao, cerca de las costas venezolanas. Motivo por el cual quisieron instalar bases también en Brasil, como país clave dentro del “orden” en América del Sur, pero la burguesía brasileña se negó pues quiere actuar como moderador de la región ejerciendo ella misma el control de la cuenca del Amazonas y tener su autonomía militar. Ningún gobierno en la cumbre del UNASUR se pronunció por la necesaria demanda de ¡Fuera las tropas yanquis de Colombia y América Latina! Ni siquiera el ya difícilmente chamuyable gobierno “progresista” de Chávez por no querer ver cohartados sus negocios con Colombia. Del mismo modo Brasil junto al apoyo del gobierno argentino comandó la ocupación en Haití en un gran acto de sumisión al imperialismo.
Es aún más claro que su idea está lejos de “combatir el narcotráfico” cuando vemos que utilizaron su base militar de Palmerolas (en territorio hondureño), instalada en 1981, para preparar la ofensiva contra la revolución nicaraguense iniciada años antes. Lasdécadas de injerencia militar en Colombia por la “guerra contra las drogas”, lejos está de haber combatido el narcotráfico. Así la“lucha contra el narcotráfico” es sólo una excusa del imperialismo y concretamente de EE UU para avanzar en el control geo-político de la región, prepararse para eventuales levantamientos de masas y poder así controlar a los pueblos de América Latina como muestra su injerencia en Honduras donde ayudaron a asentar el gobierno golpista y en Haití, donde con la excusa de la ayuda humanitaria ante el terremoto perpetraron una verdadera invasión imperialista.
La única manera de tomar medidas en contra de esta gran excusa imperialista es legalizando todas las drogas, ya que cualquier otra opción dejaría en pie la producción clandestina, base de este negocio, mientras se perseguiría a pequeños comerciantes de estas drogas, a las “mulas” utilizadas para su traslado, y a los consumidores, además de atentar contra un derecho elemental de decidir qué hacer con el propio cuerpo y con nuestras vidas.
“Hay que empezar la lucha contra el narcotráfico, para lo cual es necesario radarizar al país, y modificar la policía federal y que se refuercen las especialidades de los delitos complejos, como es el narcotráfico” planteó Donda. ¿Modificar a la policía federal? ¿Podemos pedirle a la misma policía que es cómplice del narcotráfico que se autoinvestigue y se autojuzgue? ¿A esa misma policía que reprime a un joven por estar consumiendo lo mismo que ella le vende? ¡No podemos confiar de ningún modo en la policía para acabar con el narcotráfico porque es parte integrante de él!
El problema no es su falta de especialización o de tiempo para combatirlo, la policía es el brazo armado del Estado que la utiliza para defender sus intereses de clase, a esta institución no le interesa “defendernos del narcotráfico” sino que sólo le interesa defender sus negocios bajo un manto de impunidad a cambio de defender los intereses de clase de la burguesía, y los defiende reprimiendo a los trabajadores como en Kraft, cuando salieron a luchar, a aquellos que luchan por tener una vivienda como pasó en Soldati con la acción conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana , matando 1 pibe en los barrios cada 24 hs!!
¡Eso NADA tiene que ver con nuestra seguridad! Y en esto actúan de igual manera tanto la federal y la metropolitana que tanto quiere mantener Pino Solanas, pues ¡para reprimir al pueblo trabajador están perfectamente unidas! Desde la juventud del PTS estamos convencidos que es necesario desmantelarlas!
¿Qué despenaliza el proyecto de Victoria Donda de Libres del Sur?
Así como no combate el narcotráfico, el proyecto de despenalización de Victoria Donda en realidad tampoco despenaliza mucho. La diputada de Libres del Sur sostiene que su proyecto de reforma de ley será capaz de evitar que sigan siendo perseguidos los consumidores, pero es difícil pensar que esto podrá ser realmente así cuando leemos, por ejemplo, que se mantiene en pie el articulo que indica que iría preso de 2 a 6 años quien “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”. Esto significa que cualquier pibe que se prenda un porro en la plaza de su barrio podrá terminar preso, esta es una de las mayores excusas utilizadas hoy en día por la policía para reprimir a los pibes de los barrios.
Dice además despenalizar el autocultivo que supuestamente terminaría con el narcotráfico. Más allá de que no consideramos que el autocultivo sea capaz de acabar con el segundo negocio más rentable a nivel mundial, es difícil estar seguro de que uno podrácultivar en su casa para su consumo personal con las reformas de la ley, ya que mantiene la pena de cuatro a quince años de prisión para aquel que "comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte". Mantiene también la pena de cuatro a quince años para aquel que “produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes” y para aquel que “comercie (con) materias primas”. Mientras despenaliza la compra de semillas, pena el almacenamiento de las materias primas, donde cualquier juez podría entender que hablamos de semillas y plantas.
¡Seguiría penado incluso el regalarle a un amigo plantas! hasta cuando por su escasa cantidad sugiera inequívocamente que es para uso personal. Tanto como el poner la casa para una reunión con amigos en las que se consuman drogas, pues el dueño de casa podría pasar 12 años preso.
Por otro lado, las “mulas” que, desde Libres del Sur, son reconocidas como las víctimas del narcotráfico y no sus gestoras, sólo podrían tener la “suerte”, en caso de que tengan una escasa cantidad de drogas, de ir 2 años a prisión por la baja de la mínima en la ley, mientras la pena máxima seguiría siendo de 12 años de prisión.
Más allá de los casos puntuales señalados anteriormente, es claro que esta modificación despenaliza sólo una parte del consumo de drogas, y sobretodo que queda a puro criterio del juez de turno o de la policía en las calles qué es consumo personal y qué no. Y esto lo decimos destacando que ya hoy podemos ver como estos criterios funcionan, viendo el caso, por ejemplo, de Pablo Aguirre (uno entre los 12.000 causas abiertas, mayoritariamente por tenencia de estupefacientes en la Argentina ) que fuecondenado a 4 años por poseer tan solo 12 plantas en su casa dándole una pena que duplica el mínimo de la ley actual. La evaluación de si es o no para consumo personal no puede quedar en una discusión de cantidades entre un pibe que consume y la policía y los jueces ¡que son parte del narcotráfico!
Por último, este proyecto de ley deroga, muy correctamente, las llamadas “medidas curativas” mediante las cuales la justicia penal ordena tratamientos a adictos, lo cual es una penalización de una adicción (porque esta ley es de todo tipo de estupefacientes, no sólo sobre la marihuana) y no su atención médica.
El Estado debe garantizar, bajo el control de los trabajadores de la salud que atienden cotidianamente casos de adicciones y saben lo degradado del sistema de salud público actual para hacerle frente, un plan nacional gratuito de atención para quien necesite acceder a un tratamiento por adicciones, sin medidas cohercitivas ni compulsivas. Sin embargo somos concientes que las adicciones no son más que el síntoma de las degradadas condiciones de vida que tenemos hoy los jóvenes y que para modificar esto es necesario combatirlas de raíz, debemos atacar a este sistema de miserias y no a las sustancias que los jóvenes utilizan para escapar del mismo.
La lucha es por la legalización de todas las drogas
“Con nuestro proyecto no se va a poder comercializar y producir libremente, solamente se va a evitar que los adictos y consumidores vayan presos, ya que de las causas que se abren por infracciones a la ley de drogas, de 12.000 solo fueron abiertas 3 por comercio de estupefacientes y el resto por tenencia” plantea Victoria Donda. Con su ley seguirá penalizada la comercialización y producción como hasta ahora, aunque en los hechos se pena a quienes consumen, como bien describe. Despenalizar una parte del consumo pero no tener cómo adquirir los elementos para ese consumo de manera legal es contradictorio, porque no todos los jóvenes autocultivan marihuana y muchos incluso consumen otras drogas y seguirían siendo penalizados por su consumo.
Para que el consumo realmente sea libre, no puede esto quedar al criterio de ningún juez o policía, menos aún sabiendo la profunda complicidad de éstos con el narcotráfico. Es necesario luchar por la legalización de todas las drogas, para terminar con este enorme negociado que sólo es la puerta de entrada del imperialismo en Latinoamérica, y para que el Estado no se meta en nuestras vidas. No hubo una sola ley progresiva en la historia que se sancionara por iniciativa de legisladores sin que antes en las calles instaláramos la necesidad. ¡Para esto tenemos que ser miles en las calles movilizándonos! Llamamos a las corrientes estudiantiles, a los centros de estudiantes, a la FUBA , a la Mella y al PO a sumarse a esta lucha.
¡Absolución y libertad a Pablo Aguirre! ¡Absolución de todas las causas por tenencia!
Para terminar con el narcotráfico y su utilización para la injerencia imperialista: ¡Legalización de todas las drogas y desmantelamiento del aparato represivo!
¡Qué el Estado no se meta en nuestras vidas!
¡Por un plan nacional y gratuito de atención médica a todas las adicciones, organizado y administrado por todos los trabajadores de la salud en base al mayor presupuesto!
¡Fuera las bases yankys de A. Latina!
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